El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias ha resuelto a favor parcialmente de una trabajadora social del ayuntamiento de Arona, reconociendo su derecho a recibir la cantidad de 1.960 euros correspondientes al denominado ‘plus de peligrosidad’. Este reconocimiento abarca el periodo que va desde febrero de 2021 hasta agosto de 2022. Esta decisión judicial subraya la importancia de la gestión adecuada de los riesgos laborales en el ámbito municipal y la relevancia de contar con un eficiente servicio de prevención de riesgos laborales. La protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en entornos laborales potencialmente peligrosos es fundamental para garantizar condiciones laborales seguras y saludables, promoviendo así el bienestar y la productividad en el ámbito laboral. Esta resolución judicial sirve de recordatorio sobre la importancia de cumplir con las normativas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales y la necesidad de implementar medidas preventivas efectivas para proteger la integridad de los trabajadores en su entorno laboral.